Conectividad en Argentina: crecimiento sostenido, brechas que persisten

El informe del INDEC del primer trimestre de 2026 confirma una expansión real de los accesos a internet, pero también expone desigualdades territoriales que el promedio nacional no logra mostrar.

Argentina registró más de 51 millones de accesos a internet durante el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del 3,8% respecto al mismo período del año anterior. El dato es positivo, pero leerlo solo en términos agregados es insuficiente. Detrás del número total hay tendencias estructurales y brechas territoriales que resultan determinantes a la hora de pensar la transformación digital del Estado.

El fijo crece al triple que el móvil

El rasgo más significativo del trimestre es la diferencia de ritmo entre los dos tipos de conexión. Los accesos fijos crecieron un 8,6% interanual, mientras que los accesos móviles lo hicieron apenas un 2,4%. Esta divergencia no es casual: refleja que el mercado móvil residencial está ingresando en una fase de madurez. Argentina no pierde conexiones móviles —siguen representando el 77,3% del total—, pero el impulso de crecimiento de ese segmento se ha frenado de manera notable.

El crecimiento más dinámico, en cambio, está en la conexión fija. Esto puede interpretarse como una señal de consolidación: más hogares acceden a internet a través de redes de mayor estabilidad —fibra óptica, cable, conexiones inalámbricas fijas—, lo que tiene implicancias directas sobre la experiencia de uso y sobre la capacidad de acceder a servicios digitales de manera efectiva.

Las organizaciones se conectan más rápido que los hogares

Otro dato relevante es la diferencia entre el crecimiento de accesos residenciales y el de organizaciones. Mientras los accesos en hogares crecieron un 3,3%, los accesos en organizaciones —que incluyen empresas, organismos públicos e instituciones— lo hicieron al 8,1%.

Es importante una aclaración: los datos de accesos miden la existencia de conexiones contratadas, no el uso efectivo ni la calidad de esa conectividad. Que una organización tenga internet no significa que haya transformado sus procesos, mejorado sus servicios o desarrollado capacidades digitales. El acceso es condición necesaria, pero no suficiente.

El problema del promedio nacional

El país registra un promedio de 1,11 accesos a internet por habitante. Pero ese número agrega realidades muy distintas y, en ese agregado, las pierde.

Buenos Aires y CABA concentran 25,15 millones de los 51,44 millones de accesos registrados en marzo de 2026. Es decir, casi la mitad del total del país se explica por dos jurisdicciones. Cuando se construye una política digital tomando como referencia el promedio nacional, se está diseñando —en la práctica— para las condiciones de las jurisdicciones más densas y conectadas, no para la mayoría del territorio.

La brecha territorial es casi del doble

La distribución por jurisdicción revela diferencias estructurales. Neuquén encabeza con 1,36 accesos por habitante, seguida por Tierra del Fuego con 1,33 y Chubut con 1,24. En el otro extremo, Santa Cruz registra 0,69 accesos por habitante, San Juan 0,81 y Río Negro 0,86.

La distancia entre el valor más alto y el más bajo es de casi el doble. Esa brecha no es una fluctuación estadística: representa condiciones materiales concretas que definen lo que es posible construir en términos de servicios públicos digitales, participación ciudadana en línea y modernización del Estado a nivel local.

Además, en tres provincias los accesos móviles registraron caídas respecto al año anterior: Chubut (-0,6%), Misiones (-0,2%) y La Rioja (-0,1%). Son variaciones pequeñas en términos absolutos, pero son una señal de que el crecimiento en conectividad no es automático ni está garantizado en todo el territorio.

Por qué esto importa para la transformación digital del Estado

Los datos de conectividad son infraestructura de base para cualquier agenda de modernización estatal. Los gobiernos subnacionales que quieren digitalizar sus trámites, ofrecer servicios en línea o promover la participación ciudadana a través de plataformas digitales necesitan, como condición previa, que su población tenga acceso efectivo a internet.

Cuando esa condición no se cumple de manera uniforme —como confirman los datos del INDEC— la digitalización del Estado tiene el riesgo de reproducir o profundizar las desigualdades que debería reducir. Los servicios llegan a quienes ya están conectados; los que no lo están quedan al margen, no por falta de voluntad sino por falta de infraestructura.

Por eso la política pública de transformación digital no puede diseñarse solo desde el nivel nacional ni con base en promedios agregados. Necesita diagnósticos territoriales precisos que identifiquen los puntos de partida reales de cada jurisdicción, prioricen inversiones donde las brechas son más agudas y construyan capacidades institucionales sostenibles en los gobiernos locales.

El rol del diagnóstico territorial

Desde PAD trabajamos con municipios y provincias en el diagnóstico de sus capacidades digitales e institucionales. El IMSEL —Índice Municipal de Servicios en Línea— es una de las herramientas que utilizamos para medir esos puntos de partida: no como un ranking, sino como un instrumento de planificación que permite identificar oportunidades de mejora y orientar decisiones basadas en evidencia.

Los datos del INDEC son un insumo valioso para ese trabajo. Confirman que la conectividad avanza, pero también que avanza de manera desigual. Y esa desigualdad no se resuelve sola: requiere política pública activa, con mirada territorial y capacidad de implementación concreta.

Fuente: INDEC, Encuesta a Proveedores del Servicio de Accesos a Internet – Primer trimestre de 2026, publicado el 4 de junio de 2026.

Fundación País Abierto y Digital (PAD) — Junio 2026