“Javier, por Sí o por No: ¿sabés qué es el GDE?”. Con esta pregunta, el excandidato y entonces ministro de Economía, Sergio Massa, chicaneaba a su adversario y futuro presidente, Javier Milei, en el último debate presidencial previo al ballotage del pasado 19 de noviembre.

“El GDE”, o mejor dicho, el ecosistema de Gestión Documental Electrónica, es el sistema informático integrado por numerosos módulos, que contiene y administra todas la reglas para generar y almacenar digitalmente documentos oficiales electrónicos, incluyendo funciones como la generación, comunicación, firma digital, guarda y conservación, niveles de acceso, asignación de fecha y hora, numeración única de documentos y expedientes, y demás funciones que garantizan la disponibilidad, inviolabilidad y protección de la documentación oficial, evitando así su manipulación física y el traslado de los expedientes.

Por primera vez en la historia del Estado Argentino se incorporó a través de dicho sistema la tramitación digital en más de 200 organismos de la Administración Pública Nacional, generándose más de 20 millones de expedientes electrónicos en tan solo 3 años, entre 2016 y 2019. Esta innovación – como seguramente ya lo experimentó el presidente Milei – significó la despapelización total de la administración, y representó el primer logro y un salto cualitativo en el proceso de transformación digital, orientado a la agilidad y trazabilidad de los procesos y trámites administrativos en el Estado, en favor de la transparencia y evitando la corrupción.

Pero más allá de aquella recordada chicana, lo rescatable de esta anécdota es que nos lleva la mirada hacia un tema crucial para la construcción de administraciones públicas modernas: la innovación digital en el Estado. Esto significa la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para transformar y mejorar los servicios gubernamentales, los procesos internos y la interacción con los ciudadanos, para hacer que el gobierno sea más eficiente, transparente, participativo y centrado en el usuario.

Ningún abordaje integral de reforma del sector público estará completo sin incorporar una estrategia de Transformación Digital: la reingeniería, digitalización, desburocratización y simplificación de los procesos, prácticas y sistemas tanto los internos (“back office”), como los relacionados con “front desk”), para aumentar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la gestión pública.

Un Estado que abraza el desafío y el profundo impacto cultural de la transformación digital, y su imperativo de adaptación, en tiempos de interconexión global de sistemas y personas, de disponibilidad de datos en dimensiones inmensas, y de capacidades inéditas para su aprovechamiento.

Paralelamente, la contribución activa de la ciudadanía, a través de la disponibilidad de procedimientos participativos en el diseño e implementación de políticas públicas, y la posterior auditoría social que facilitan las herramientas digitales, son herramientas que legitiman a los gobiernos y fortalecen el control ciudadano sobre la gestión pública.

Este conjunto de iniciativas, pueden englobarse bajo conceptos como transformación, modernización o innovación, todos válidos y complementarios de algún modo.

Cuando un gobierno quiere comprometerse en un proceso de innovación digital real y sostenible, debe tener en cuenta tanto las acciones como las instituciones necesarias para lograr dicho objetivo, ya que la transformación digital definitiva es un proceso permanente de avances, y la forma de afianzar los logros que vayan alcanzándose es a través de su institucionalización. Por esto, para consolidar una Transformación Digital hacen falta 5 componentes, todos ellos imprescindibles para asegurar un liderazgo continuo y competente:

1. Voluntad política

2. Soporte legal

3. Tecnología adecuada

4. Implementación exitosa

5. Desarrollo del talento humano

Los esfuerzos orientados a la innovación digital en el gobierno nacional, han transcurrido por diferentes períodos de desarrollo, como también por lapsos de relativo abandono.

Más allá del antecedente de iniciativas valiosas aunque quizá desarticuladas, el último gran impulso a la transformación digital de la administración fue el programa integral de modernización iniciado en diciembre de 2015, a través de una serie de proyectos integrados, que marcaron un rumbo hacia la digitalización, la apertura y la transparencia de la administración de manera profunda, y afortunadamente sin retorno.

El puntapié inicial fue el Plan Nacional de Modernización (Decreto N°434/2016), así como el Plan de Apertura de Datos (Decreto N°117/2016), verdaderos pilares normativos para la implementación del paradigma de “gobierno electrónico” (e-government) y la instalación de un gobierno abierto. Luego le siguieron otras normas, como por ejemplo la que impulsó la interoperabilidad en el Estado (Decreto N°1273/2016) o la Firma Digital (DNU N°27/2018), esenciales para institucionalizar los avances. Estas, como muchas otras, fueron claves para fortalecer la modernización de la administración pública nacional, puesto que instrumentaron agilidad, eficacia, eficiencia, transparencia e interoperabilidad.

Sin la madurez de los desarrollos digitales implementados durante esos años, tanto para la tramitación interna como para los servicios con los ciudadanos, la pandemia hubiera paralizado el funcionamiento del Estado. Gracias a ellos, por ejemplo, hoy puede hacerse realidad la eliminación total de los Registros de la Propiedad Automotor, rediseñando, simplificando y digitalizando en forma completa todos estos trámites, con el consiguiente ahorro de tiempo y gasto para los ciudadanos.

Esta agenda integral de innovación debe ser vista como una oportunidad, y convertirse en una política de estado sostenida por cualquier administración, con visión de mediano y largo plazo.

Además, ella impone jerarquizar la calificación necesaria de los recursos humanos, en particular para el liderazgo con competencia tecnológica, cuya vara deberá ser tan alta como lo es normalmente en las administraciones para la competencia en cuestiones económicas, técnicas o jurídicas. El desafío, y quizá el mayor indicador de la sustentabilidad de una transformación digital es la capacidad de sostener a lo largo del tiempo la evolución y renovación virtuosa de los equipos técnicos, para generar nuevos liderazgos, mantener el impulso e incorporar con armonía las nuevas innovaciones tecnológicas.

Sosteniendo esta agenda, su evolución natural conduce a pasar de los datos a la información, de ésta al conocimiento, y de allí a la inteligencia, es decir, al uso del conocimiento en tiempo real: es decir del concepto de gobierno electrónico al de un gobierno inteligente (i-government).

Por último, una transformación digital completa exige implementar estas innovaciones también en las administraciones subnacionales y locales (provinciales y municipios).

Con esta visión, en el período 2015-2019 se creó el “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”, suscripto por 20 provincias argentinas, así como se instrumentó el Consejo Federal de Modernización (COFEMOD), cómo ámbito interjurisdiccional para la colaboración y la promoción de iniciativas transformadoras. Ambas iniciativas fueron inexplicablemente dejadas de lado por la administración del presidente Fernández.

Organismos internacionales como Naciones Unidas, por citar uno de ellos, reconocen el atraso relativo de la modernización de las administraciones en los niveles subnacionales, y la importancia de que no se generen brechas, con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en su relación con las dependencias estatales. Esta realidad, con honrosas excepciones, también está presente en nuestro país, en cuanto a las provincias y los municipios, en donde está demostrado que el impulso de la transformación digital trasciende el ámbito de la gestión pública, generando beneficios en las economías regionales y locales.

Algunas administraciones provinciales y municipales, no obstante, están aplicando algunos desarrollos a partir de convenios de colaboración con el gobierno nacional o entre jurisdicciones subnacionales.

La oportunidad es ahora: es fundamental impulsar estos acuerdos para fortalecer la innovación como política federal, promoviendo modelos de colaboración que extiendan y difundan las buenas prácticas y experiencias exitosas, y fomenten el uso de estándares comunes para potenciar la interoperabilidad de la administración en todos los niveles, en beneficio de los ciudadanos de todo el país, en su interacción frente a cualquier dependencia pública.