Tener un plan, condición necesaria para asegurar el futuro

PAD

Durante estos días asistimos a sucesivos intercambios de opiniones, entre distintos dirigentes políticos, a partir de una definición que hizo el presidente Alberto Fernández al Financial Times respecto a que él no cree en los planes económicos. Textualmente dijo: “No creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”.

Sin entrar en la polémica que aún subsiste, quienes hemos desarrollado toda nuestra experiencia profesional en la administración económico-financiera de diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, sabemos la importancia que tiene tanto para un proyecto en particular como para el desarrollo e implementación de políticas públicas, la formulación de “planes” y mucho más aún, la necesidad de controlar la ejecución de los mismos.

Un “plan” es pensar, concebir, imaginar y finalmente diseñar ideas para llevarlas a la práctica. Ponerlas en una hoja de ruta, fijar objetivos y metas, presupuestar, establecer marcos jurídicos, leyes o normas; implementar y finalmente controlar su cumplimiento.

Por eso, todo “plan” tiene una visión, metas, objetivos, ejes o iniciativas prioritarias, y proyectos. Esto no sólo vale para el ámbito económico sino también cuando se trata de obras, viviendas o comunicaciones, entre otras áreas.

Lo que es casi una certeza es que sin un “plan” es muy probable que las cosas salgan mal o se paguen “sobrecostos”, tanto si se tratase de inversiones físicas como de proyectos de cualquier naturaleza; porque en este caso se llevan a cabo acciones espasmódicas, sin un rumbo muy bien definido o una guía adecuada. Y muy probablemente, se reacciona sin planificación previa o se actúa sobre la marcha, improvisando.

A través de un “plan”, es mucho más seguro que las cosas salgan bien. Al menos habrá un camino estructurado y las sorpresas debieran ser menores si se trabaja bajo una estrategia preconcebida.

Justamente y en relación a la importancia de planificar, hace unos pocos días Naciones Unidas publicó la “Encuesta de Gobierno Electrónico 2020 – Gobierno Digital en la Década de Acción para el Desarrollo Sostenible”, en donde podemos observar gratamente que aquello que concebimos como un plan integral durante la presidencia de Mauricio Macri, en materia de Modernización y Comunicaciones, ha tenido resultados muy alentadores para la Argentina.

Todos somos conscientes que si no hubiésemos invertido y llevado adelante estos cambios estructurales en lo que se refiere a la modernización en el funcionamiento del Estado y en materia de telecomunicaciones y conectividad en estos últimos 4 años, no hubiésemos podido desarrollar las iniciativas que se utilizaron para combatir la pandemia y para contribuir a controlar el cumplimiento de muchas normas que se dispusieron en este período.

La posibilidad de poder realizar cualquier trámite a distancia, a través de argentina.gob.ar, como por ejemplo el Certificado Único Habilitante para la Circulación; las distintas inscripciones online para acceder a créditos o subsidios para las Pymes, las plataformas de compras electrónicas (Comprar.gob.ar y Contratar.gob.ar) que hoy le permiten al Estado adquirir -de manera más ágil y transparente- los insumos urgentes y necesarios para afrontar la crisis; son sólo algunos ejemplos que van en esta dirección.

Pero además, y especialmente debido a las inversiones privadas, a todo esto se le suma la posibilidad que hoy tenemos de hacer uso del teletrabajo en numerosos casos, que nuestros hijos puedan seguir educándose vía internet; hablar con nuestros familiares a través de videollamadas o entretenernos con la innumerable cantidad de plataformas digitales. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo las llamadas telefónicas se cortaban con frecuencia, las redes se congestionaban en fechas pico, la velocidad de conexión era bajísima y los trámites online una utopía.

Todos estos ejemplos los podemos verificar cada uno de nosotros. No son relato. Son parte de nuestra realidad cotidiana.

Pero más allá de ello, es interesante ver cómo efectivamente esas acciones llevadas adelante, siendo parte de un “plan”, pueden ser visualizadas y medidas como indicadores de desarrollo de un país, en comparación con otras naciones y regiones.

Y eso es lo que se desprende del informe de Naciones Unidas, que cité anteriormente. Este organismo, cada dos años publica una encuesta en la que desarrolla la evolución o retroceso de los países en términos de Gobierno Digital. Para ello, elabora un ranking entre 193 países basado en el EGDI (Índice de Desarrollo de Gobierno Digital).

Este año, la Argentina se encuentra en el puesto 32 (mejorando 11 posiciones con respecto a 2018) y por primera vez pertenece al grupo más alto del EGDI (al igual que Chile, Brasil y Costa Rica). Hoy los únicos siete países de América que comparten esa distinción son Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica.

El informe resalta que el incremento del índice en estos países refleja el sostenido esfuerzo realizado en la creación e implementación de una estrategia nacional e integral sobre gobierno digital, en la evolución de sus marcos legales que acompañan dicha transformación y en los altos niveles de cooperación con los distintos actores del sector. Asimismo, señala que Argentina y Chile, junto a República Checa y Arabia Saudita, son los únicos países que, en relación con el 2018, han escalado dos niveles en la categorización que realiza Naciones Unidas para este índice.

Como indicador, el EGDI se utiliza para medir la preparación y la capacidad de las naciones para utilizar las TIC’s en la prestación servicios públicos. Es un índice compuesto basado en el promedio ponderado de tres índices normalizados. Un tercio se deriva del Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones, basado en datos proporcionados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Otro tercio surge del Índice de Capital Humano, que engloba datos proporcionados principalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El último tercio proviene del Índice de Servicios En Línea, configurado según los datos recopilados del “Cuestionario de Servicios En Línea (OSQ)”, realizado por UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas).

En cuanto a “Servicios En Línea”, Argentina se encuentra dentro del grupo “Muy Alto”, compartiendo esta categoría con países como China, Japón, Malasia, Francia y Noruega. Aparece cuarto en América detrás de Estados Unidos, Brasil y Chile; y por encima de Uruguay, Canadá y México, entre otros.

Con respecto a “Infraestructura de Telecomunicaciones”, nuestro país supera a Brasil, México, Colombia y Ecuador, entre otros. Su media (0.7265) está muy cerca de otros países americanos como Chile (0.7606) y Canadá (0.7818), y un tanto más lejos de Uruguay (0.8574) y Estados Unidos (0.9182). Cabe destacar que este indicador para Argentina en 2016 era 0,5031. Es decir, crecimos un 44%.

Si observamos el indicador de Capital Humano, que se compone de distintos rubros como alfabetización y escolarización, la Argentina presenta una ratio de 0.91 casi idéntico al de Canadá (0.9029); superando a Chile (0.8643), Uruguay (0.8514), Brasil (0.7803), Ecuador (0.7793), México (0.7727) y Colombia (0.7723).

El informe también destaca el “Índice de Participación Ciudadana En Línea” (E-participation index) de la Argentina, un elemento transversal y complementario al desarrollo del Gobierno Digital; resaltando la “Plataforma de Consultas Públicas” como un proyecto ejemplificador en la materia. En este caso, Argentina se encuentra en el nivel más alto junto otros países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur y Japón.

Como bien señala el informe, todos estos resultados y logros positivos fueron posibles gracias a tener un plan integral: la Agenda Digital de la Argentina. La misma se enfocó en crear un sólido marco institucional y de gobernanza en materia tecnológica, respaldado por iniciativas destinadas a acelerar la transformación digital. A partir de la Agenda Digital como “hoja de ruta” y marco ordenador, surgieron innumerables proyectos y normativas (la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC, el Decreto de Convergencia Tecnológica, el Decreto de Simplificación Registral, la gestión del espectro radioeléctrico, etc.) que hoy nos permiten disponer de muchas soluciones y soporte de infraestructura no sólo para contar con herramientas de apoyo para mitigar y dar soluciones en el marco de esta crisis, sino también para tener una buena plataforma hacia futuro.

En esa misma línea, la Unión Europea acaba de dar a conocer un ambicioso “plan” post pandemia como marco de ayuda, colaboración y guía para sus países miembros.

En dicho plan, que contempla un inédito fondo de 750.000 millones de euros, uno de los aspectos que se señalan como parte fundamental para la recuperación de los países es la necesidad de continuar y profundizar el desarrollo de las Agendas Digitales.

Para ello, insta a los países europeos a invertir más en la mejora de la conectividad y en su presencia industrial y tecnológica; ya que, advierte, “las tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos y las redes 5G/6G y las tecnologías de cadena de bloques tendrán efectos expansivos y aumentarán la autonomía estratégica de Europa”.

Asimismo, el proyecto plantea la necesidad de desarrollar una verdadera economía digital y de datos como motor de innovación y creación de empleo. De esta manera, la Comisión de la UE presentará una acción legislativa sobre intercambio de datos y gobernanza, a la que seguirá una Ley de Datos. Por otro lado, dado que el comercio electrónico se acelerará en los próximos años, la Ley de Servicios Digitales mejorará el marco jurídico de los servicios digitales con normas claras para las plataformas online.

Todo esto lo harán a través de una nueva estrategia de ciberseguridad que impulsará la cooperación, el conocimiento y la capacidad a nivel de la UE para mantener la seguridad de su infraestructura digital.

En definitiva, como podemos observar, es fundamental para una sociedad planificar no solo su economía sino también lo que hará en materia de salud, educación, sectores productivos, telecomunicaciones y conectividad, etc.

Ello marca su hoja de ruta, permite tener cierta previsibilidad de sus acciones futuras y mediante ello una buena dosis de confianza que puede contribuir a captar inversiones.

Por supuesto, en el terreno de nuestra especialidad que son las políticas públicas en materia de modernización y conectividad e infraestructura tecnológica, es absolutamente imprescindible que el gobierno defina un plan que marque un rumbo en esta materia. Ya lo vimos, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea han establecido la importancia que estos desarrollos tienen para nuestras sociedades.

Y sería una pena que todo el avance hecho durante nuestra gestión de gobierno, evidenciado en los indicadores que señalamos más arriba, no sea continuado o potenciado de acá en adelante. El mundo y los países van en esa dirección. Claramente para ello necesitamos un “plan”.

Para terminar, me viene a la memoria una frase del ex presidente John F. Kennedy que decía: “El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro”. Sin dudas, en esta era del cambio permanente, planificar es una condición necesaria para asegurar el futuro.