La pandemia no puede justificar todo

PAD

El decreto 338 titulado “Procedimiento de Contingencia” y firmado por el presidente Alberto Fernández ha sorprendido a propios y extraños dentro del ecosistema digital que involucra a empresas del sector público y privado, pymes, medios de comunicación y, por supuesto, a gran parte de la sociedad civil.

Resulta incomprensible que, mientras los gobiernos de todos los países avanzan en el desarrollo de múltiples aplicaciones digitales, la utilización de la robótica, el uso de la inteligencia artificial o internet de las cosas para encontrar proyectos y soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en la Argentina se habilite nuevamente el uso del papel en el Estado y, con ello, la falta de transparencia y agilidad en la gestión pública.

Es preciso señalar que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se llevó a cabo una verdadera política de Estado en materia de modernización, conectividad y comunicaciones, apoyada en distintas políticas públicas que se iniciaron con una visión a largo plazo: la implementación del Plan de Modernización del Estado a través del Decreto 434/2016, el lanzamiento de la Agenda Digital de la Argentina mediante el Decreto 996/2018, el fortalecimiento de las comunicaciones a través del Plan Nacional de Conectividad y Telecomunicaciones, y la política activa de Gobierno Abierto a través de su estrategia nacional contenida en el Decreto 117/2016. Todo ello sumado a las normas y leyes que permitieron aggiornar la legislación existente hacia un modelo moderno y dinámico. La ley de economía del conocimiento, la ley de simplificación y desburocratización y la ley de acceso a la información pública, son sólo algunos ejemplos.

Fue entre 2016 y 2019 que se implementó la Gestión Documental Electrónica y la Firma Digital en más de 200 organismos públicos, desterrando el papel y favoreciendo la transparencia, generando 17.000.000 millones de expedientes electrónicos y permitiendo que 2100 trámites se puedan hacer a distancia. Todo este sistema permitió, por ejemplo, la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) o una aplicación tan innovadora como fue Mi Argentina; el perfil digital ciudadano para gestionar trámites, sacar turnos, acceder a las credenciales virtuales y recibir información personalizada. En este sentido y a modo de ejemplo, el gobierno actual puso hace pocos días a disposición el Certificado Único Habilitante de Circulación vía la plataforma de Trámites a Distancia. Dicho desarrollo, muy importante en estas circunstancias, fue posible gracias a lo construido en los últimos años en la materia.

La implementación de la Gestión Documental Electrónica no sólo permitió una agilización y un marco de transparencia sin precedentes en la tramitación del Estado, sino que además logró evitar la pérdida de expedientes o los famosos “cajoneos”, una práctica muy habitual de todas las gestiones políticas. Hoy, en cambio, a través de la página www.argentina.gob.ar cualquier ciudadano puede consultar su expediente de forma simple y rápida para identificar en qué área se encuentra y cuanto demorará su resolución.

Vale la pena aclarar que para poner en marcha este sistema se capacitó a más de 200.000 personas de la Administración Pública Nacional que, al dejar de usar el papel, crecieron en sus niveles de productividad y eficiencia. En tal sentido, la velocidad de ejecución de un trámite por “internet” es infinitamente más rápida que cualquier trámite que ingresa por mesa de entrada, y por supuesto, con bajísimos costos operativos.

La decisión del gobierno nacional de volver a permitir el uso de papel para los actos administrativos es un grave retroceso en la transparencia y modernización del funcionamiento del Estado. Este decreto habilita nuevamente la manipulación sobre la documentación, propicia la pérdida de control del Estado sobre las distintas instancias de tramitación y rompe con la unicidad de un expediente electrónico.

Dar marcha atrás a todo lo que se hizo en esta materia es vulnerar los principios básicos que hacen a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana. La pandemia de coronavirus no puede ser una excusa para volver a viejas prácticas que permiten discrecionalidades y le quitan información y control a los ciudadanos sobre el accionar del Estado y los funcionarios públicos.

Para terminar, este sistema de Gestión Documental Electrónica implicó tramitar más de 170 millones de documentos y nunca debió suspenderse o reemplazarse su operatoria. La propia Ciudad de Buenos Aires lo utiliza y ya lleva 11 años trabajando de este modo, con cientos de millones de trámites efectuados electrónicamente.

Por supuesto que cualquier sistema de gestión puede tener fallas, de conectividad o técnicas, pero éstas deben resolverse en los ámbitos operativos que correspondan, con los especialistas en cada materia y con el apoyo político que haga falta. En tal sentido, sería muy preocupante que como consecuencia de la desvinculaciones realizadas por la actual administración, se haya debilitado la estructura operacional que hace falta para administrar un sistema de estas características.

Ninguna contingencia que pueda suceder en este contexto justifica esta decisión. El uso de papel no va a permitir sortear dificultades que puedan presentarse. Al contrario, es más lento, engorroso y -en este contexto- también puede ser riesgoso para la salud.

Es imperioso poder dar marcha atrás con esta medida y continuar sobre lo hecho con el mismo enfoque estratégico. Todos sabemos la relevancia que tiene en la vida diaria de los argentinos el funcionamiento del Estado. Detrás de cada expediente y de cada trámite hay una necesidad, una familia, una persona esperando por una solución, un sueño que se cumple o un proyecto que avanza, y pasa todo lo contrario cuando nada de esto funciona como corresponde.